El delito de prevaricaci贸n contra el Gobierno que no prosperar谩

Delito Prevaricaci贸n contra el Gobierno
Delito Prevaricaci贸n contra el Gobierno

El Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 51 de Madrid ha admitido a tr谩mite una denuncia聽interpuesta con anterioridad al establecimiento del Estado de Alarma en nuestro pa铆s, en la聽que se defiende que el Presidente del Gobierno y el resto de los Delegados de Gobierno de las聽Comunidades Aut贸nomas, podr铆an presuntamente haber cometido un delito de prevaricaci贸n,聽en relaci贸n con las mal llamadas 鈥渁utorizaciones鈥 concedidas por 茅stos para la celebraci贸n de聽las manifestaciones del d铆a 8 de marzo de 2020, a pesar de la recomendaci贸n emitida por el聽Centro Europeo para el Control y Prevenci贸n de Enfermedades sobre el COVID-19.

驴Qu茅 es el delito de prevaricaci贸n?

Es necesario apuntar que los Derechos de reuni贸n y manifestaci贸n, previstos en聽el art铆culo 21 de nuestra Constituci贸n, son Derechos Fundamentales cuyo ejercicio no requiere聽en ning煤n caso de autorizaci贸n previa, sino de una mera declaraci贸n de conocimiento a la聽Administraci贸n P煤blica competente. De acuerdo con el art铆culo 404.1 del C贸digo Penal, la聽prevaricaci贸n de los funcionarios p煤blicos tendr铆a lugar cuando estos dictaren una resoluci贸n聽arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia.

En el presente supuesto, las manifestaciones del d铆a 8 de marzo no tuvieron lugar en virtud de聽una resoluci贸n administrativa, sino que cada ciudadano, libremente, pudo decidir sobre la聽facultad de ejercitar o no el Derecho de manifestaci贸n. Desde luego, no existi贸 una resoluci贸n聽administrativa previa que prohibiera la suspensi贸n de los derechos de reuni贸n y聽manifestaci贸n, lo cual se ver谩 si derivar谩 en responsabilidades pol铆ticas e incluso legales. De聽hecho, el Gobierno, desde que ha tenido conocimiento de la posible imputaci贸n de un delito聽de prevaricaci贸n ha sostenido que no exist铆a ninguna resoluci贸n, ni europea, ni nacional, que聽arbitrariamente hubiera decidido no cumplir, prepar谩ndose ya para la defensa de las聽acusaciones frente a este delito.

驴Hay consecuencias legales?

Hoy es un hecho indubitado que el COVID-19 ha derrocado la sanidad, poniendo聽en desvalor la vida, porque sopesar las ayudas sanitarias dependiendo de la esperanza de vida聽es un claro ataque al Derecho a la vida y a la integridad f铆sica y moral. Lo cierto es que Espa帽ano previ贸 a tiempo esta situaci贸n de crisis sanitaria para combatir la curva de infectados,habiendo tenido adem谩s como ejemplo a China o a Italia.

Muchas son las preguntas que a煤n quedan sin resolver referentes a la parte probatoria, pero s铆聽podemos barajar penalmente posibles responsabilidades al haberse desprotegido dos de losprincipales bienes jur铆dicos contemplados en nuestro C贸digo Penal: la vida y la integridad f铆sicay moral. Podr铆amos estar hablando de dos posibles tipos delictivos, que s铆 podr铆an ser聽aplicados, dependiendo de si la v铆ctima falleci贸 por falta de medios sanitarios (respiradores,聽camas o aislamiento), o si, por el contrario, sufri贸 lesiones que han da帽ado su salud f铆sica,聽entre las manifestaciones del d铆a 8 de marzo, o a ra铆z de acudir a las mismas, y el Real Decreto聽463/2020, que proclama el Estado de Alarma, el d铆a 14 de marzo, seis d铆as despu茅s.

Los tipos delictivos aplicables podr铆an ser, por un lado, el delito de homicidio por imprudenciaprofesional, o bien el delito de lesiones por imprudencia profesional, ya que el Gobierno de聽Espa帽a era conocedor de la crisis sanitaria, si bien hay que tener en cuenta que no es hasta el聽d铆a 11 de marzo de 2020 que la Organizaci贸n Mundial de la Salud describe al COVID-19 como聽una pandemia.

Por su parte, la comisi贸n de un delito de homicidio por imprudencia profesional est谩 castigada聽con una pena de prisi贸n de uno a cuatro a帽os e inhabilitaci贸n especial para el ejercicio del聽cargo durante un periodo de tres a seis a帽os; por otro lado, la pena prevista para el delito de聽lesiones por imprudencia profesional es de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho聽meses, adem谩s de la pena de inhabilitaci贸n especial para el ejercicio del cargo por un per铆odo聽de seis meses a cuatro a帽os. De estos delitos, cada persona implicada responder谩 en su聽medida de acuerdo con las pruebas que, en su caso, se admitan contra el Gobierno.

Asimismo, no debe rechazarse la posibilidad de que al menos dos grupos parlamentarios, o la聽quinta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, en aras de probar la falta de聽diligencia del Gobierno, proponga la constituci贸n de una Comisi贸n de Investigaci贸n en la que聽se analicen las medidas adoptadas y su idoneidad, as铆 como aquellas que no fueron adoptadas聽y sus consecuencias.

En realidad, la situaci贸n que estamos viviendo ha dado muestras claras y evidentes de que no聽tenemos capacidad en nuestra sanidad p煤blica de garantizar la vida de todos los que聽conformamos la Naci贸n. Por ello, podemos llegar a la desprotecci贸n de la vida y caer en un聽posible trato inhumano por no tener suficientes recursos de atenci贸n al enfermo.

Desde Evolvers queremos evidenciar que las vidas de todas y cada una de las personas que聽conforman nuestro pa铆s deben tener el mismo valor, los mismos derechos y la misma聽seguridad.

Escrito por 脕ngela Casals Fern谩ndez, departamento de Derecho Penal de Evolvers
Publicado en el Diario “La Raz贸n” en fecha 27 de marzo de 2020

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